La actual Ley de Telecomunicaciones tienen 10 años de existencia. Hace 10 años las cosas eran tan tan diferentes que sobra dar motivos por los que era necesario cambiarla. Los objetivos que debía tener esta Ley son obvios, defender a los usuarios de telecomunicaciones que siguen siendo los causantes del 80% de las quejas, facilitar la competencia en un área donde la propia evolución tecnológica con el FTTH y el LTE está dificultando el acceso de los operadores a las redes ultra-rápidas, incentivar la inversión y favorecer una economía digital que no acaba de despegar. En la nueva Ley hay elementos que van en la buena dirección pero habrá que esperar al reglamento y a las Agenda Digital Española para asegurarnos de que se baja a los detalles y que las telecomunicaciones sean una herramienta para la mejora de la competitividad de nuestras empresas. Sobretodo de unas Pymes que a duras penas han entrado en la Sociedad de la Información y que no utilizan todos los elementos que tienen para competir. Las modificación de los organismos reguladores genera dudas sobre si lo que se busca es aplicar la competencia o disminuirla. Así pues muchos interrogantes ante esta esperada Ley. Una Ley necesaria para ayudar a generar esa economía digital sin la cual no habrá crecimiento ni empleo.
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